(San Francisco, 8 de febrero de 2024) – La Administración Biden debería atender el pedido que plantearon senadores de EE. UU. de trabajar con el gobierno mexicano para impedir que los aguacates cultivados en terrenos deforestados ilegalmente lleguen a mercados estadounidenses, señaló hoy Climate Rights International.

En una carta dirigida anoche al secretario de Estado de EE. UU., Antony Blinken; al secretario de Agricultura de EE.UU., Thomas Vilsack; y a la representante comercial de EE. UU., Katherine Tai; el senador Peter Welch y cinco de sus colegas en el Senado expresaron consternación por “las consecuencias devastadoras del comercio de aguacates entre EE. UU. y México.” Los senadores citaron un informe de Climate Rights International y un artículo sobre el tema publicado por el New York Times en los que se documenta la deforestación ilegal generalizada y el uso insostenible del agua vinculado con la producción aguacatera, y que los líderes indígenas y otros habitantes locales que intentan defender los bosques se convierten en blanco de amenazas, ataques y asesinatos.

“La destrucción ambiental y los abusos propiciados por las exportaciones mexicanas de aguacates a Estados Unidos ameritan recibir atención urgente por parte de ambos países”, destacó Brad Adams, director ejecutivo de Climate Rights International. “Negar el permiso de exportación a las huertas de aguacates instaladas en tierras deforestadas recientemente, tal como se propone en la carta del Senado, reduciría en forma drástica el incentivo económico para despejar bosques o atacar a las personas que los defienden”.

El informe de 250 páginas publicado por Climate Rights International en noviembre de 2023 documenta evidencias de que se están talando bosques ilegalmente en los estados de Michoacán y Jalisco para producir aguacates que se comercializan en supermercados en Estados Unidos.

La Junta de Aguacate Hass (Hass Avocado Board) es una entidad del gobierno federal que tiene como misión incrementar dentro del mercado estadounidense la demanda de aguacates nacionales e importados. El plan de negocios 2024 de esta junta destaca la necesidad de comunicar su “narrativa de sostenibilidad” a los consumidores y generar “confianza” en que los aguacates son buenos para el medioambiente. Pero no propone cómo reducir el fuerte impacto ambiental que tiene la industria.

A pesar de los riesgos a los que se exponen, muchas personas en Michoacán y Jalisco siguen documentando, denunciando y oponiendo resistencia a la destrucción, incluidos líderes indígenas, ambientalistas, periodistas y académicos. Pero sus esfuerzos no pueden competir con el lucro que se obtendría vendiendo aguacates a las empresas que exportan esta fruta. 

México provee cuatro de cada cinco aguacates que se consumen en Estados Unidos, y sus exportaciones ascienden a USD 3.000 millones anuales. El mercado estadounidense, que se ha triplicado en tamaño desde el año 2000, es el principal factor que motiva a los productores aguacateros a destruir bosques para instalar huertas. Si a las huertas que se establezcan en terrenos deforestados recientemente se les negara el acceso a los mercados estadounidenses, este incentivo desaparecería casi totalmente.  

De conformidad con un Plan de Trabajo Operativo (PTO) que adoptaron los gobiernos de EE. UU. y México, todas las huertas de aguacates que exportan su producción a Estados Unidos deben ser certificadas por las autoridades estadounidenses y mexicanas, pero únicamente con fines de control de plagas. En la carta, los senadores recomiendan que la administración amplíe el PTO para impedir que se certifiquen huertas que estén en tierras que hayan sido deforestadas recientemente de manera ilegal, y se señala que hay altos funcionarios mexicanos que ya expresaron interés en incorporar este cambio.

“Ambos gobiernos ya mantienen mapas GPS de cada huerta de aguacates que está certificada para la exportación a EE. UU.”, explicó Adams. “Podrían hacer lo mismo que hicimos nosotros, es decir, comparar esos mapas con imágenes satelitales secuenciadas en el tiempo para determinar si se estableció una huerta en terrenos recientemente deforestados y, en ese caso, impedir que se certifique para exportación. Las grandes empresas tienen acceso a los mismos mapas GPS y también deberían usarlos para identificar huertas recientemente deforestadas y negarse a comprarles aguacates”.

Dado que hay muchas huertas de aguacates mexicanas que no están en tierras recientemente deforestadas, la política podría implementarse “sin reducir en forma significativa el acceso de los consumidores estadounidenses a los aguacates y sin menoscabar los medios de vida de los productores de aguacates que sí respetan la ley”, observa la carta.

En la carta se cita el compromiso compartido por EE.UU. y México, en virtud del Acuerdo de París, de reducir la deforestación, así como su determinación conforme a la Declaración de Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra de impulsar políticas comerciales que promuevan la producción y el consumo sostenibles de productos básicos.

Los senadores también solicitaron a la Administración que informe sobre este asunto en un plazo de 45 días para “comprender mejor qué pasos está dando la Administración y podría dar en el futuro” para prevenir que se importen aguacates vinculados con deforestación, el uso insostenible del agua y violencia contra comunidades indígenas y otras comunidades locales.

Además del senador Welch, también firmaron la carta los senadores Benjamin Cardin, Tim Kaine, Martin Heinrich, Chris Van Hollen, y Jeff Merkley.

“La Administración Biden se ha comprometido a poner fin a la deforestación asociada con la producción agrícola”, indicó Adams. “Actuar con celeridad ante la propuesta del Senado sería un paso positivo para cumplir con ese compromiso”.