(San Francisco, 18 de enero de 2024)—Los gobiernos de Estados Unidos, Canadá y México deberían apoyar una investigación internacional sobre la impunidad por violaciones de leyes ambientales vinculadas con la producción de aguacates en México, señaló hoy Climate Rights International en una carta dirigida a los principales funcionarios ambientales de cada uno de estos países.

En febrero de 2023, un ciudadano mexicano anónimo presentó una petición al amparo del Acuerdo entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) en la cual alegó que México está violando el requisito del acuerdo comercial sobre “aplicación efectiva de la legislación ambiental”. La petición se centra en la deforestación ilegal y el uso insostenible del agua para la producción de aguacates en el estado de Michoacán, que constituye el centro de la industria aguacatera mexicana y produce la mayoría de los aguacates que se comercializan en Estados Unidos. 

“La investigación que realizamos muestra que México no está aplicando sus leyes contra la deforestación ilegal y el robo de agua en la industria de exportación de aguacates”, señaló Brad Adams, director ejecutivo de ClimateRights International. “Esta inacción viola las obligaciones ambientales de México conforme al acuerdo comercial T-MEC”.

En un informe de 250 páginas publicado en noviembre de 2023, Climate Rights International documenta evidencias de que los aguacates cultivados para su exportación a Estados Unidos, Canadá y otros mercados importantes están agravando la deforestación ilegal generalizada, la escasez de agua y otros abusos en Michoacán y Jalisco. Estos son los dos principales estados productores de aguacates de México y suministran todos los aguacates mexicanos que se exportan a Estados Unidos. El informe también documenta la impunidad casi absoluta relacionada con esa destrucción ambiental. 

El Secretariado de la Comisión para la Cooperación Ambiental (CCA), un organismo internacional establecido por Estados Unidos, México y Canadá, ha recomendado que se inicie una investigación sobre lo señalado en la petición. El Secretariado de la CCA solo puede actuar a partir de esta recomendación si lo autorizan al menos dos de los tres miembros del Consejo de la CCA. Climate Rights International dirigió la carta a los tres miembros del Consejo: el Administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos, el Ministro de Medio Ambiente y Cambio Climático de Canadá y la Secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales de México. 

A las autoridades y empresas estadounidenses también les cabe una responsabilidad significativa por la deforestación en México, señaló Climate Rights International. Es común que los funcionarios estadounidenses certifiquen para la exportación a EE. UU. huertas mexicanas que contienen tierras deforestadas ilegalmente, las cuales a su vez proveen a los principales importadores y supermercados estadounidenses, que básicamente hacen caso omiso del problema.

“Dado que hay un nexo directo entre Estados Unidos y los daños ambientales que se causan con impunidad en Michoacán, resulta especialmente urgente y necesario que el gobierno de Estados Unidos actúe para abordar el problema”, señala la carta enviada por Climate Rights International a funcionarios ambientales estadounidenses, canadienses y mexicanos.

Si la investigación se lleva a cabo, las agencias de Estados Unidos están obligadas conforme a la legislación federal a evaluar los resultados, lo que se denomina “expediente de hechos”, y pueden solicitar medidas de aplicación.

Estados Unidos, Canadá y México comparten el compromiso conforme al Acuerdo de París de reducir la deforestación como parte de su objetivo más general de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero que provocan el cambio climático. Los tres países también suscribieron la Declaración de los Líderes de Glasgow sobre los Bosques y el Uso de la Tierra, en la cual se comprometieron a promover políticas comerciales “que no impulsen la deforestación”, y la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, en la que expresaron la determinación de “contribuir a cumplir el objetivo para el sector privado de eliminar la deforestación de la producción de los productos básicos agrícolas.”

“Los ciudadanos mexicanos no deberían tener que recurrir a un órgano de comercio multilateral para preservar su agua y sus bosques”, destacó Adams. “Pero dado que el gobierno permite que haya daños ambientales generalizados y se produzcan otros perjuicios relacionados a quienes residen allí, las disposiciones ambientales del T-MEC deberían activarse para que la industria aguacatera tome un rumbo que implique el apego a la ley y el respeto de los derechos”.