Resumen del informe

EL SALDO INSOSTENIBLE DE LA EXPANSIÓN AGUACATERA

Deforestación, acaparamiento de agua y violencia detrás de las exportaciones de aguacates de México a EE. UU. y otros mercados

Noviembre 2023

Resumen

“En Michoacán ahorita, yo pienso que el tema ambiental más delicado, más grave, que tenemos es el cambio del uso del suelo indiscriminado por el cultivo del aguacate… [que] está poniendo cada vez más en riesgo nuestra biodiversidad, la provisión de agua y los bosques en el estado”. – Alejandro Méndez, secretario de Medio Ambiente de Michoacán.¹

“A pesar de nuestra constante negativa a vender algunas fracciones o la totalidad del terreno de nuestra propiedad… ya se han invadido y deforestado más de 59 hectáreas”. – Carta de una familia de Jalisco a la Representante Comercial de EE. UU. y al Embajador de EE. UU. en México.²

“Si pones el dedo o hablas, te matan”. – Líder de comunidad indígena de Michoacán.³

“Los aguacates de México (Avocados From Mexico) hacen que todo sea mejor. ¡Qué bendito el guacamole (Talk about holy guacamole)!” – Avocados From Mexico.⁴

La próxima vez que usted coma guacamole, existe el riesgo serio de que se haya elaborado con aguacates cultivados en tierras deforestadas ilegalmente, utilizando agua robada, en una región de México donde los pueblos indígenas y otros residentes enfrentan violencia e intimidación por defender el medioambiente.

México es el mayor productor y exportador mundial de aguacate y provee cuatro de cada cinco aguacates que se consumen en Estados Unidos, con exportaciones que ascienden a un valor de USD 3.000 millones anuales. Los aguacates mexicanos también llegan cada vez más a otros mercados internacionales, y las exportaciones a Europa, Canadá y Asia sumaron más de USD 2.000 millones en los últimos cinco años. El consumo de aguacates en EE. UU. se ha triplicado desde el año 2000, en parte propiciado por las campañas de promoción comercial enérgicas que lleva adelante la industria y que incluyen afirmaciones sobre la “sostenibilidad” de los aguacates mexicanos. En un anuncio proyectado durante el Super Bowl de 2023 se mostró a Eva sosteniendo esta fruta en el jardín del Edén, con el eslogan de que los aguacates “hacen que todo sea mejor”.

Sin embargo, la demanda internacional cada vez mayor de este producto ha impulsado la tala generalizada de bosques en Michoacán y Jalisco, los dos estados que producen la totalidad de los aguacates mexicanos que se exportan a Estados Unidos. Los productores de aguacate usan cantidades enormes de agua, que muchos extraen ilegalmente de arroyos, ríos, manantiales y acuíferos subterráneos para regar sus huertas. La deforestación y el acaparamiento de agua han tenido consecuencias graves para las poblaciones locales, puesto que han contribuido a la escasez de agua y han incrementado el riesgo de deslaves e inundaciones letales.

Las autoridades mexicanas no ponen freno a esta destrucción. Muchos de los principales importadores y supermercados comercializan aguacates producidos en tierras deforestadas. El gobierno de EE. UU. tiene los medios para ayudar, pero ha hecho caso omiso de esta situación, a pesar de que EE. UU. asumió compromisos vinculados con el cambio climático de trabajar para poner fin a la deforestación global, así como los compromisos de larga data de promover los derechos humanos, incluidos los derechos de los pueblos indígenas.

Estos hallazgos se basan en una investigación de campo minuciosa que llevó a cabo Climate Rights International en 18 municipios en Michoacán y Jalisco, entrevistas con casi 200 personas y el análisis de registros gubernamentales estadounidenses y mexicanos que no se habían publicados anteriormente, incluidos mapas de las más de 50.000 huertas de aguacate certificadas para la exportación a Estados Unidos.

Prácticamente la totalidad de la deforestación para la producción de aguacate en Michoacán y Jalisco ocurrida durante las últimas dos décadas se llevó a cabo en contravención al derecho penal federal de México, que prohíbe el “cambio de uso de suelo” de terrenos forestales para destinarlos a la producción agrícola sin autorización del gobierno. El delito adicional consistente en provocar incendios forestales de manera deliberada a menudo facilita la deforestación. La conversión de bosques naturales en huertas de aguacate libera gases de efecto invernadero que contribuyen al calentamiento climático, y además reduce el almacenamiento de carbono y menoscaba la biodiversidad y la recuperación de los acuíferos.

En las comunidades que visitó Climate Rights International, nos topamos con un clima generalizado de preocupación, indignación y furia ante la destrucción de los bosques locales y el agotamiento y robo del abastecimiento de agua. Sin embargo, en general estos sentimientos van acompañados de otro, que a veces es incluso más fuerte: el miedo. Climate Rights International documentó amenazas y ataques reiterados contra lugareños que se han opuesto a la degradación ambiental generada por el cultivo de aguacates. Los lugareños sabían que los cruentos grupos de crimen organizado que tienen una fuerte presencia en la región mantienen vínculos múltiples con algunos sectores de la industria. Las personas temían ponerse en peligro si actuaban para defender el medioambiente, y muchas han optado por no hacerlo debido a este motivo.

Las comunidades indígenas purépechas se han movilizado en forma colectiva para proteger los bosques, pero sus esfuerzos también se han visto coartados por la violencia y la intimidación. Los ataques perpetrados contra comunidades indígenas violan su derecho humano, como pueblos indígenas, a participar en la toma de decisiones sobre asuntos que afectan sus tierras y recursos. Conforme se describe en el acta de una asamblea comunitaria, la deforestación para la producción de aguacate está “destruyendo el equilibrio ecológico de los terrenos comunales”.⁵

Funcionarios ambientales tanto en Michoacán como en Jalisco reconocen que la producción de aguacate es una de las principales causas de deforestación y destrucción ambiental en sus estados. No obstante, las autoridades mexicanas a menudo no hacen valer las leyes ambientales en las regiones productoras de aguacate. Uno de los motivos es que los funcionarios temen convertirse en blanco de amenazas y actos de violencia si intentan contrarrestar la deforestación ilegal y el robo de agua. Otro motivo es la corrupción, sobre todo en las investigaciones y procesos penales estatales en Michoacán, según señalan funcionarios estatales y federales y residentes.

Considerando las dificultades asociadas con la aplicación de la ley a nivel local, impedir que los aguacates vinculados con la deforestación lleguen a mercados valorados en miles de millones de dólares —especialmente Estados Unidos— sería un paso clave para contener el problema. Esa fue la opinión consensuada de líderes comunitarios y funcionarios mexicanos, quienes indicaron a Climate Rights International que bloquear el acceso a estos mercados reduciría en forma significativa los incentivos para destruir los bosques o para atacar a los residentes que los defienden.

En 2021, altos funcionarios ambientales mexicanos propusieron una política de estas características al director regional en México del servicio de inspección de plantas del Departamento de Agricultura de EE. UU. (U.S. Department of Agriculture, USDA). La propuesta consistía en agregar el requisito de que no hubiera deforestación ilegal al acuerdo que ya existe entre los dos gobiernos, conforme al cual cada huerta de aguacates que exporta su producción a Estados Unidos debe contar con la certificación de las autoridades estadounidenses y mexicanas de que cumple con determinados requisitos, que en la actualidad se relacionan exclusivamente con el control de plagas. Pero los funcionarios estadounidenses no actuaron a partir de la propuesta.⁶ En vez, como se demuestra en este informe, Estados Unidos certifica de manera habitual huertas deforestadas ilegalmente para la exportación a consumidores estadounidenses.

El gobierno estadounidense agravó este problema al aprobar que el estado de Jalisco comenzara a exportar aguacates a Estados Unidos en 2022, sin adoptar medidas para abordar el riesgo de que, como se alertó en un informe interno del gobierno de EE. UU. en ese momento, la aprobación “probablemente aumente la deforestación” en Jalisco, tal como lo habían hecho las “presiones del mercado” en Michoacán.⁷

Hay empresas en Estados Unidos, México y otras partes del mundo que tienen una cuota significativa de responsabilidad por la deforestación. Climate Rights International concluyó que, a pesar de plantear afirmaciones sobre sostenibilidad contundentes, muchas empresas importantes adoptan medidas escasas o nulas para prevenir que productores vinculados con la deforestación en México contaminen sus cadenas de suministro. En registros del gobierno mexicano hasta ahora inéditos se indica que, en 2022, las empresas estadounidenses Calavo Growers, Fresh Del Monte Produce, Mission Produce y West Pak Avocado se abastecieron de aguacates cultivados en huertas en las que había suelos deforestados ilegalmente. Las empresas, a su vez, suministraron aguacates de origen mexicano a cadenas de supermercados importantes, entre ellas Walmart, Whole Foods, Kroger, Albertsons, Costco, Target y Trader Joe’s.

La inacción por parte de empresas y funcionarios gubernamentales resulta inexcusable. Las autoridades estadounidenses y mexicanas cuentan con mapas de todas las huertas certificadas para exportación, y cualquier empresa comprometida con erradicar la deforestación de sus cadenas de suministro podría obtenerlos, como lo hizo Climate Rights International. Comparando estos mapas con imágenes satelitales, las autoridades podrían identificar huertas que hayan sido deforestadas recientemente y bloquearlas de la certificación para exportación, y las empresas podrían identificarlas y excluirlas de sus cadenas de suministro. Esta medida no arruinaría a la industria aguacatera de México, dado que si bien la deforestación reciente está muy extendida y afecta de manera grave a muchas personas y al medioambiente, la mayoría de las huertas existentes no se verían afectadas por dichas políticas, puesto que se encuentran en tierras que se destinan desde hace mucho tiempo a la agricultura. No obstante, las políticas reducirían de manera drástica el incentivo de talar más árboles para satisfacer la demanda creciente de aguacates.

La deforestación y los perjuicios para los derechos humanos en México son síntomas de un problema mucho mayor que es central para la crisis climática: la falta de regulaciones y políticas nacionales e internacionales orientadas a poner fin a la deforestación para producir productos agrícolas como carne de res, soja, aceite de palma y aguacates. La promulgación e implementación con carácter urgente de este tipo de regulaciones y políticas es fundamental para evitar una catástrofe climática, y para proteger los derechos de las poblaciones en los lugares donde se generan los productos.

Las dos siguientes imágenes satelitales de Google Earth muestran bosques que fueron talados ilegalmente en Michoacán para dar lugar a huertas de aguacate, muchas de las cuales han sido certificadas para la exportación a Estados Unidos.

Imágenes de Google Earth. La imagen de antes (“before”), correspondiente al año 2015, muestra una zona cerca del pueblo de Zacapu, Michoacán. El área demarcada en amarillo es de 2.705 acres (1.095 hectáreas). La imagen de después (“after”) es de la misma zona y principalmente de 2023. Muestra la deforestación desde el año 2015 en toda el área demarcada en amarillo. Los polígonos rojos, azul y verde son mapas del gobierno mexicano de huertas de aguacate que se encontraban certificadas para exportar a EE. UU. en enero de 2023. Los registros gubernamentales de envíos muestran que, en 2022, la huerta sobre un terreno deforestado marcada con el polígono azul proporcionó 27.510 kilogramos de aguacates a Mission Produce, mientras que la huerta con suelo deforestado y marcada con el polígono verde proporcionó 25.455 kilogramos a West Pak.⁸

Deforestación ilegal

La cantidad total de superficie deforestada para cultivar aguacates en Michoacán y Jalisco durante la última década muy probablemente supere los 40.000 acres (16.000 hectáreas) —y podría ser de más de 70.000 acres (28.000 hectáreas) —, según un análisis llevado a cabo por Climate Rights International de estimaciones del gobierno, de un estudio realizado por geógrafos ambientales para este informe y de imágenes satelitales. A modo de referencia, un acre tiene prácticamente el tamaño de un campo de fútbol de la NFL y casi las tres cuartas partes de la superficie de un campo de fútbol de la FIFA.

Durante la última década, los funcionarios mexicanos han hecho estimaciones sobre la deforestación anual causada por el cultivo de aguacates en Michoacán, que han variado desde los 2.900 acres por año hasta los 24.700 acres por año. Alejandro Méndez, secretario de Medio Ambiente de Michoacán, ha señalado que “el tema ambiental más delicado, más grave, que tenemos [en el estado] es el cambio del uso del suelo indiscriminado por el cultivo del aguacate.”⁹

El 85 % del área destinada a la producción de aguacates en Michoacán ha sido certificada para la exportación a EE. UU., según surge de estadísticas gubernamentales.

Geógrafos ambientales de la Universidad de Texas en Austin estiman que más de 25.000 acres de huertas de aguacate de Michoacán que estaban certificadas para la exportación a Estados Unidos en 2023 se encuentran en tierras que, en el año 2014, estaban cubiertas por bosques.¹⁰ (El estudio tomó como fecha de corte el año 2014 debido a que es el año más reciente sobre el cual se cuenta con un mapa académico de uso del suelo de Michoacán en el que se identifican las zonas forestales). De su conclusión se deduce que estos cerca de 25.000 acres fueron deforestados ilegalmente desde 2014, o bien fueron certificados mientras aún contenían en parte bosques que podrían talarse en el futuro para producir más aguacates de exportación. El análisis por parte de Climate Rights International de las imágenes satelitales sugiere que, de hecho, la mayoría de los acres se talaron de manera ilegal.

Además de los 25.000 acres ubicados en huertas certificadas para exportación que fueron localizados por los geógrafos de la Universidad de Texas en Austin, Climate Rights International identificó miles de acres más de bosques talados en Michoacán que presuntamente se destinan a la producción de aguacate, muchos de los cuales es muy probable que se certifiquen para la exportación a Estados Unidos. Por lo general, hay una diferencia de tiempo entre la creación de una huerta y su certificación, dado que los productores no solicitan la certificación hasta que sus árboles de aguacate recién plantados comienzan a producir, lo cual demora, por lo menos, dos años.

Antes de 2014, décadas de expansión del aguacate en Michoacán ya habían generado la deforestación de, al menos, 54.000 acres, conforme surge de un estudio del gobierno, y posiblemente de 121.000 acres, según un estudio académico. El estudio gubernamental destacó, en 2012, que la producción de aguacates en Michoacán había influido “drásticamente en el cambio de uso del suelo y en el deterioro del medio ambiente.”¹¹

La Secretaría de Medio Ambiente y Desarrollo Territorial (SEMADET) de Jalisco ha señalado que la producción de aguacate también es “una de las principales causas directas de la deforestación” en el estado.¹² Un estudio llevado a cabo por el organismo detectó que en Jalisco las huertas de aguacate fueron la causa de que se deforestaran al menos 12.744 acres entre 2017 y el primer trimestre de 2022. El análisis halló que la deforestación que tuvo lugar en ese período para la producción de aguacates en el estado podría ascender incluso a 47.251 acres, si se toman en cuenta huertas que probablemente sean de aguacates, pero que no han sido verificadas, según un exfuncionario con conocimiento directo del análisis.

Climate Rights International identificó huertas de aguacate certificadas para exportación a Estados Unidos que contenían suelos deforestados desde 2014 en 41 de los 46 municipios de Michoacán, y en 8 de los 10 municipios de Jalisco, que al año 2023 estaban aprobados para la exportación a consumidores de EE. UU. (Los siete municipios donde no encontramos esas huertas contienen apenas un 0,2 % del área de plantaciones de aguacate en ambos estados que informó el gobierno).

Según indican estudios académicos, decenas —si no cientos— de miles de acres de bosques en los dos estados continúan estando en riesgo de deforestación por la exportación de aguacates.¹³

Nuestro análisis de registros gubernamentales indica que, durante las últimas dos décadas, la totalidad de la deforestación para la producción de aguacate en Michoacán, y prácticamente la totalidad en Jalisco, ha sido ilegal, en contravención a las leyes penales y administrativas mexicanas. El derecho mexicano exige obtener un permiso federal para convertir los bosques a usos agrícolas. En Michoacán no se expiden permisos de este tipo desde hace al menos dos décadas; no se expidió ninguno en Jalisco entre 2011 y 2022; y solo se expidieron nueve en el estado para plantaciones de aguacate entre 2000 y 2010, según registros obtenidos por Climate Rights International a través de la ley de transparencia de México.¹⁴ Varios altos funcionarios también confirmaron la ausencia de autorizaciones en Michoacán.¹⁵

La deforestación a menudo implica el incendio intencional de bosques, lo cual también constituye un delito conforme a la ley mexicana. Climate Rights International identificó 185 incendios forestales en Michoacán durante la última década que ocurrieron en el mismo lugar o directamente al lado de un terreno que actualmente es una huerta certificada para exportación a EE. UU., y con respecto a los cuales la determinación del gobierno mexicano sobre la causa de los incendios implica claramente que se iniciaron para despejar bosques y vegetación con el fin de posibilitar la producción de aguacates. “Donde hay un incendio, es para aguacate. Todos son provocados”, señaló un residente de una región productora de aguacate en Jalisco.

Robo de agua

El robo de agua por parte de productores de aguacate para irrigar sus huertas a menudo agrava la deforestación ilegal. Muchos productores en Michoacán y Jalisco extraen agua de arroyos, ríos, manantiales y pozos sin que el sistema de concesión federal de México haya emitido las concesiones obligatorias correspondientes.

Las entrevistas con residentes y funcionarios, las visitas de campo que realizó Climate Rights International, y los estudios académicos sugieren que el problema es generalizado. Por ejemplo, un ex alto funcionario del sector del agua de Michoacán, y funcionarios municipales de un centro productor de aguacate en Jalisco, estimaron que al menos la mitad de los pozos en sus jurisdicciones no contaban con las concesiones necesarias.¹⁶ El robo vulnera el sistema de concesiones con el que cuenta México para proteger el abastecimiento procedente de cuencas (aguas superficiales) y acuíferos (aguas subterráneas) y, por consiguiente, el derecho humano de los residentes al agua.

El impacto de la deforestación y el acaparamiento de agua en las poblaciones locales

La deforestación ilegal y la magnitud inmensa —con frecuencia ilegal— del acaparamiento y el uso del agua por parte de muchos productores de aguacate han provocado o agravado la escasez de agua y el riesgo de inundaciones o deslaves que tienen consecuencias letales para los residentes de Michoacán y Jalisco.

La tala de árboles para la producción de aguacate pone en riesgo la disponibilidad de agua, dado que los bosques tienen la función vital de ayudar a que el agua de lluvia penetre en el suelo y recargue los acuíferos que abastecen a las comunidades a través de pozos y manantiales naturales. Asimismo, para cultivar apenas un aguacate promedio de tamaño mediano se requiere una cantidad de agua equivalente a la que usaría una persona para tomar una ducha de casi 20 minutos.¹⁷ Por consiguiente, la escala de la producción de aguacates en México, que hace que el país sea el principal proveedor mundial y de EE. UU., drena un volumen inmenso de agua de los ecosistemas, a menudo mediante el robo de agua. En palabras de un funcionario ambiental del ámbito federal, el consumo de aguacate es “a costa” de “secar las cuencas.”¹⁸ O, como lo ha señalado un líder comunitario, “Exportan nuestra agua en forma de fruta.”¹⁹

Estas presiones sobre el suministro de agua generadas por la producción de aguacate ocurren en un contexto de escasez de agua en la región. Prácticamente todas las áreas productoras de aguacate de Michoacán, y la mayoría de las áreas en Jalisco, coinciden con cuencas o acuíferos que el gobierno ha determinado que tienen un “déficit” de disponibilidad de agua, lo que implica que el otorgamiento de concesiones adicionales de extracción de agua no sería sostenible. En estas regiones, el acceso de los hogares al agua también es limitado, y en algunas zonas oscila desde varias horas de agua corriente día por medio hasta meses sin servicio durante las estaciones secas.

Climate Rights International halló evidencias de que en varias comunidades la producción de aguacates ha menoscabado de manera significativa el acceso de los residentes al agua. En algunos casos, afectó su derecho humano a disponer de agua suficiente para uso personal y doméstico. Por ejemplo, en El Atascoso, Jalisco, varios residentes indicaron que un pozo perforado para la irrigación de una huerta ubicada en un terreno cercano, que se había deforestado poco antes, redujo drásticamente la cantidad de agua que hay en los manantiales de los que depende la comunidad para uso doméstico, y esto hizo que algunos residentes abandonaran sus viviendas y se mudaran a otros lugares.

Un residente de El Atascoso que vive solo después de que sus familiares se marcharan dijo que ahora apenas tiene agua suficiente para bañarse una vez por semana o cada dos semanas. Calcula que utiliza poco más de 40 litros de agua al día de lo que queda de los manantiales de la zona, para beber y para bañarse, lavar la ropa, usar la cisterna del inodoro, lavar los platos y mantener un animal de granja. Contó que no tiene los recursos económicos para comprar agua.

Según científicos y autoridades gubernamentales, la deforestación vinculada con la producción de aguacate también ha expuesto a las poblaciones locales al riesgo de inundaciones y deslaves catastróficos. Por ejemplo, las autoridades que investigaron las causas de una inundación repentina ocurrida en el año 2019 en San Gabriel, Jalisco —durante la cual fallecieron cinco personas— identificaron a la deforestación y los incendios forestales como causas centrales del desastre. Climate Rights International encontró evidencias contundentes que vinculan la expansión de la producción de aguacate con los incendios forestales y la deforestación que tuvieron lugar en esa área antes de la inundación.

Agudización de los impactos del cambio climático

Conservar los bosques frente a la expansión del aguacate ayudará a proteger a las poblaciones locales de los daños previsibles asociados con el cambio climático. Según las proyecciones del Grupo Intergubernamental de Expertos sobre el Cambio Climático (Intergovernmental Panel on Climate Change, IPCC), la máxima autoridad científica mundial en la materia, el calentamiento global agudizará la sequía y la aridez en la región en la que se encuentran Michoacán y Jalisco.²⁰ El IPCC también prevé que cuando llueva, las precipitaciones serán más intensas, lo cual incrementará el riesgo de inundaciones graves y podría causar deslaves letales.

La deforestación ilegal y el acaparamiento de agua a gran escala asociados con la producción de aguacates aumentan los riesgos que generan estos daños relacionados con el clima para las poblaciones locales. El agotamiento de los acuíferos hace que las poblaciones sean menos resilientes a la sequía. Y la deforestación aumenta el riesgo de que haya inundaciones y deslaves catastróficos.

Asimismo, la deforestación contribuye a la crisis climática global. Los bosques absorben de la atmósfera el dióxido de carbono—que genera el calentamiento climático—, y lo almacenan en forma de carbono; cuando se talan o queman árboles, vuelven a liberar gases de efecto invernadero al aire. Por este motivo, más de 140 gobiernos de todo el mundo —incluidos los de Estados Unidos y México— han expresado compromisos en materia climática de trabajar para poner fin a la deforestación en todo el mundo para el año 2030.²¹

La conversión de bosques en cultivos de aguacate reduce la captura y el almacenamiento de carbono en México. Un estudio científico reciente concluyó que “hay una necesidad clara de minimizar la deforestación para la expansión del aguacate, dado que el almacenamiento de carbono superficial en los bosques de pino-encino de Michoacán supera por más del doble el de las huertas de aguacate.”²²

Amenazas y violencia contra defensores ambientales

Durante más de una década, los cárteles de narcotráfico y otros grupos de crimen organizado han mantenido una presencia poderosa en Michoacán y Jalisco, y a menudo imponen su control apelando a actos extremos de violencia contra toda persona que se les interponga. Estos grupos han procurado lucrar con la expansión del aguacate en ambos estados. Como se documenta en este informe, tienen nexos con muchos negocios aguacateros, que van desde participar en la deforestación para generar huertas hasta tener la propiedad de negocios aguacateros y extorsionar a los que son propiedad de otros. En este contexto, la mera presencia de hombres armados en las áreas de expansión del aguacate puede resultar intimidatoria para los residentes. Estos nexos reafirman una creencia fundada y generalizada de que puede ser peligroso defender el medioambiente y los derechos de las personas de los impactos adversos del negocio aguacatero.

Las amenazas y ataques reiterados contra quienes se atrevieron a oponerse a la deforestación y a los impactos hídricos vinculados con la producción de aguacate intensifican considerablemente este clima en el que prevalece el temor. Climate Rights International documentó más de 30 amenazas u otros actos de intimidación, cuatro secuestros y seis agresiones armadas —cinco de ellos con consecuencias fatales— que estuvieron asociados con la expansión del aguacate en Michoacán y Jalisco. Por ejemplo, en Michoacán, el líder comunitario indígena Alfredo Cisneros Madrigal fue asesinado a balazos en febrero de 2023, tras informar a las autoridades sobre la tala ilegal en un área en la que, según dijeron miembros de la comunidad, personas armadas habían estado intentando convertir el bosque en huertas de aguacate. En Jalisco, tras la inundación letal ocurrida en San Gabriel en 2019, un funcionario ambiental del estado que había documentado la deforestación, la cual fue una de las causas centrales del desastre, comenzó a recibir llamadas telefónicas con amenazas de secuestro.

Este temor ha obstaculizado y disuadido los esfuerzos de los residentes e, incluso, de funcionarios orientados a proteger los bosques y el agua. Por ejemplo, en Madero, Michoacán, donde un activista fue secuestrado en 2021 y otro fue amenazado a punta de pistola en 2022, otros defensores ambientales indicaron que estaban limitando sus esfuerzos para denunciar y confrontar la deforestación y el robo de agua porque temían la posibilidad de represalias violentas. En Jalisco, un periodista con vasta trayectoria que trabaja en una región productora de aguacate le dijo a Climate Rights International que es demasiado peligroso investigar y publicar artículos sobre la deforestación relacionada con el cultivo de aguacates allí.

Autoridades en Michoacán y Jalisco también indicaron que la presencia de crimen organizado y el miedo a la violencia afectan de manera significativa su posibilidad de frenar la deforestación ilegal y el robo de agua. Refirieron múltiples ocasiones en las cuales la presencia de hombres armados —presuntos miembros de la delincuencia organizada— los obligaron a desistir de operaciones en el terreno. Los funcionarios señalaron que sencillamente es demasiado peligroso ir a algunas áreas de expansión de cultivos de aguacate sin estar escoltados por las fuerzas de seguridad.

Impactos en las comunidades indígenas

En gran parte de la región productora de aguacate de Michoacán hay poblaciones indígenas purépechas, y en algunas de las áreas de producción de Jalisco hay poblaciones indígenas nahuas. Según un artículo académico, en 11 municipios productores de aguacate de Michoacán que conforman la región de la “Meseta Purépecha”, el 60 % de la población se identificó como indígena purépecha, si se excluye Uruapan, el principal centro urbano de la región.²³ Muchas comunidades tienen autoridades indígenas —llamados consejos comunitarios— y tierras comunales tradicionales.

En algunas de estas comunidades, los residentes se han organizado para impedir la deforestación destinada a la producción de aguacate. Después de años de tala ilegal y violencia, en 2011 miembros de la comunidad de Cherán, en Michoacán, se sublevaron para expulsar a las autoridades municipales, a quienes acusaban de corrupción. Establecieron un gobierno autónomo, prohibieron la plantación de aguacates en tierras comunales y conformaron su propia fuerza policial —que posteriormente fue autorizada por el gobierno estatal— para patrullar y proteger los bosques.²⁴ Cherán ha tenido un enorme éxito en la protección de sus bosques frente a la propagación de los cultivos de aguacate. (Las imágenes satelitales del Apéndice A muestran este resultado exitoso).

No obstante, los esfuerzos de varias otras comunidades indígenas para proteger los bosques de la expansión del aguacate se han visto gravemente socavados por asesinatos, secuestros y amenazas contra líderes y miembros. Por ejemplo, desde que la comunidad de Ocumicho, en Michoacán, emitió una resolución en 2018 por la cual se prohíbe a personas foráneas plantar aguacates dentro de su comunidad, dos líderes comunitarios fueron blanco de agresiones armadas, uno de ellos con consecuencias letales, y otro fue secuestrado, y en diciembre de 2022 fue asesinado un integrante de la patrulla comunitaria que había participado en las acciones para detener la deforestación.

En este contexto, las autoridades indígenas de Ocumicho han tenido dificultades para aplicar una norma comunitaria que prohíbe la venta o el arrendamiento de tierras comunales. Climate Rights International identificó publicaciones en Facebook de 2023 en las que se anuncia la venta de parcelas para la producción de aguacates en tierras comunales de Ocumicho. En cada una de las parcelas se habían talado árboles. Una de ellas limita con una huerta que también se encuentra en un área que líderes comunitarios identificaron como territorio comunal, contiene suelos deforestados y, según registros gubernamentales, suministró más de 15.000 kilogramos de aguacates a West Pak y Mission Produce en 2022.²⁵

Incumplimiento de obligaciones y compromisos por parte de los gobiernos de México y EE. UU.

Los gobiernos de EE. UU. y de México tienen diversas obligaciones y compromisos de detener la deforestación, proteger los derechos humanos y aplicar las leyes ambientales, que incluyen lo siguiente:

Compromisos en materia climática de reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Estos incluyen los asumidos en 2014 y 2021 de trabajar para terminar con la deforestación global para el año 2030, a través de medidas como promover la “producción sostenible de productos básicos” (commodities).²⁶

Obligaciones conforme al derecho internacional de respetar, proteger y asegurar el cumplimiento de los derechos humanos. Estos derechos incluyen el derecho al agua, a la vida, a un medioambiente saludable, a defender el medioambiente sin represalias, a la protección frente a daños ambientales y relacionados con el cambio climático previsibles, y los derechos de las comunidades indígenas a otorgar o retener el consentimiento libre, previo e informado (CLPI) con respecto a medidas que pueden afectar sus tierras y recursos naturales. México ratificó el Convenio sobre pueblos indígenas y tribales (OIT 169) y apoyó la adopción por parte de la ONU de la Declaración sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas. La Constitución de México también reconoce en forma explícita el derecho humano al agua y a un medioambiente sano, y el derecho de los pueblos indígenas a la libre determinación.

La obligación de aplicar eficazmente las leyes ambientales, consagrada en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

En lo que respecta al comercio de aguacate, los gobiernos de México y EE. UU. no están cumpliendo con estas obligaciones y compromisos.

Falta de aplicación de las leyes ambientales por parte de México

La deforestación no autorizada para el establecimiento de huertas de aguacates es un delito federal aplicable en Michoacán y Jalisco. También se encuentra tipificado como delito estatal en Michoacán, pero no en Jalisco. Los delitos se denominan “cambio de uso de suelo” ilegal y les corresponde una pena de entre seis meses y nueve años de prisión. Como se observó antes, la totalidad de la deforestación para el cultivo de aguacates que se produjo en Michoacán en las últimas dos décadas y prácticamente la totalidad en Jalisco se habría realizado en violación de estas leyes.

Los funcionarios reconocen que son muy pocas las veces en que los responsables rinden cuentas por esos delitos. El secretario dl Medio Ambiente de Michoacán indicó que la “falta de orden y control ha hecho que se haga a costa del bosque y esto, pues, está poniendo cada vez más en riesgo nuestra biodiversidad, la provisión de agua y los bosques en el estado.”²⁷ En palabras del director de la Comisión Forestal del Estado de Michoacán, los infractores “se burlan de nosotros por inutilidad.”²⁸

Aunque el temor a represalias tiene gran efecto disuasivo para algunos funcionarios, otra causa importante de esta impunidad es la corrupción, especialmente en la unidad de la Fiscalía General del Estado de Michoacán dedicada a investigar la deforestación relacionada con el cultivo de aguacates, según indicaron varios funcionarios estatales y federales que hablaron con Climate Rights International, así como residentes.

El cambio de uso del suelo ilegal también constituye una violación de las leyes administrativas federales que protegen el medioambiente, para la cual se prevén potenciales sanciones no privativas de la libertad que varían desde multas y clausura de huertas hasta la confiscación de productos, y órdenes para restablecer las áreas afectadas. Aunque el organismo federal encargado de velar por el cumplimiento de las leyes ambientales ha impuesto algunas sanciones, estas no han logrado disuadir ni revertir los cambios en el uso del suelo. Climate Rights International identificó varias huertas que habían sido certificadas para exportación a EE. UU. al mes de enero de 2023, a pesar de que el gobierno federal les había aplicado sanciones entre 2015 y 2022 debido al cambio de uso de suelo ilegal.

Son pocos los casos en que el organismo federal del agua encargado de investigar e imponer sanciones administrativas al robo de agua ejecuta efectivamente estas funciones en Michoacán y Jalisco.

Las dos imágenes siguientes de Google Earth muestran que los productores de aguacates han conseguido establecer huertas en tierras deforestadas ilegalmente ubicadas en lugares muy cercanos a la sede de la Fiscalía Especializada en el Combate de los Delitos Contra el Ambiente y la Fauna de Michoacán, que tiene a su cargo impulsar casos por deforestación relacionada con la producción de aguacate.²⁹ En una visita de campo, y mediante imágenes de Google Earth, Climate Rights International confirmó que al menos una de las huertas puede verse de manera directa y sin obstáculos desde la sede.

Imagen de Google Earth de mayo de 2023. La estrella amarilla indica la ubicación de la fiscalía; las marcas moradas muestran los sitios de deforestación por huertas identificadas por Climate Rights International; y las azules muestran áreas que ya han sido certificadas para exportación a EE. UU.

Cabe destacar que la Secretaría del Medio Ambiente de Michoacán ha promovido algunas medidas potencialmente valiosas para frenar la deforestación relacionada con la producción de aguacate. En 2023, el organismo invirtió en una herramienta de análisis satelital que emite alertas automatizadas de deforestación a las autoridades y ha trabajado con expertos para proponer un sistema de certificación ambiental voluntaria para los productores de aguacate. Sin embargo, estas iniciativas son insuficientes. Para que la herramienta satelital marque una diferencia sustancial, las autoridades de aplicación de la ley deberían actuar en respuesta a las alertas, pero hay pocas razones para esperar que lo hagan, considerando su falta de resultados a la hora de abordar irregularidades flagrantes. De aprobarse, el sistema de certificación tendría carácter voluntario y no sería un requisito para la comercialización de aguacates a mercados nacionales o internacionales, por lo que los negocios podrían seguir lucrando a costa de la tala de bosques para establecer huertas.

Inacción del gobierno de EE. UU. ante deforestación y violaciones de derechos

México exporta casi la mitad de su producción de aguacates, de la cual alrededor del 80 % se destina a Estados Unidos. Entre enero de 2019 y abril de 2023, México exportó a Estados Unidos 4,7 millones de toneladas métricas de aguacates, que representan un valor de USD 11 mil millones, incluidos aguacates por un valor de USD 3 mil millones en 2022, según datos de la aduana mexicana recopilados por la empresa Treid. Durante ese período, México también exportó aguacates por valor de miles de millones de dólares a Europa, Asia y otros países de América del Norte, incluidos USD 932 millones a Canadá, USD 708 millones a Japón, USD 245 millones a España, USD 172 millones a Países Bajos, USD 144 millones a Francia, USD 55 millones a China y USD 54 millones al Reino Unido.³⁰

Ninguno de estos países cuenta con políticas para impedir que ingresen en sus mercados los aguacates cultivados en tierras deforestadas ilegalmente. Estados Unidos no ha adoptado una política de este tipo y esto guarda relación directa con la destrucción ambiental en México, dado el predominio estadounidense en la demanda internacional. La inacción de Estados Unidos representa un incumplimiento por parte del gobierno del presidente Joe Biden de sus compromisos de trabajar para poner fin a la deforestación global y promover políticas comerciales “que no fomenten la deforestación,”³¹ así como de asegurar que las “consideraciones climáticas” sean un “elemento fundamental de la política exterior de Estados Unidos.”³²

Para que una huerta mexicana produzca aguacates destinados a exportación a Estados Unidos, y una empacadora los procese, ambas deben estar certificadas tanto por las autoridades mexicanas como por el Servicio de Inspección Sanitaria de Animales y Plantas (Animal & Plant Health Inspection Service, APHIS) del USDA. Los criterios y el proceso de certificación, establecidos en un Plan de Trabajo Operativo (PTO) firmado por los dos países, buscan evitar la propagación de posibles plagas que afectan al aguacate.³³ El PTO no establece ningún requisito en cuanto a deforestación, medioambiente o derechos humanos para la exportación de aguacates.

Climate Rights International obtuvo documentos, a través de la ley de transparencia de México, que indican que los funcionarios estadounidenses no actuaron en función de una propuesta presentada a ellos en 2021 por altos funcionarios ambientales mexicanos, que sugería agregar una disposición al acuerdo bilateral PTO que prohibiera la certificación para exportación en el caso de huertas ubicadas en tierras deforestadas ilegalmente. En vez de adoptar esta protección ambiental en el PTO, más tarde ese año las autoridades estadounidenses hicieron otro cambio al acuerdo de exportación: aprobaron a Jalisco como el segundo estado, después de Michoacán, con permiso para exportar aguacates a Estados Unidos.

De registros obtenidos a través de la Ley de Libertad de Información (Freedom of Information Act, FOIA) se deduce que el gobierno estadounidense llevó a cabo la aprobación de Jalisco sin adoptar medidas para contrarrestar el riesgo de que, como se alertó en un informe del gobierno de EE. UU. en ese momento, “probablemente aumente la deforestación” en Jalisco, como lo habían hecho las “presiones del mercado” en Michoacán. Las autoridades de EE. UU. también hicieron caso omiso de una carta dirigida en 2021 por una familia de Jalisco a la Representante Comercial de EE. UU. (USTR) y al Embajador en México, en la que denunciaban que su predio había sido invadido y deforestado para el cultivo de aguacates, y en la que advertían que los consumidores estadounidenses pronto recibirían “grandes cantidades de aguacates de huertas cuyo origen y administración tienen orígenes delictivos.”³⁴ La USTR tiene a su cargo el monitoreo y la aplicación de la disposición del T-MEC que exige que las partes del tratado de comercio apliquen efectivamente sus leyes ambientales.

Los registros obtenidos al amparo de la FOIA, y otras evidencias creíbles, también sugieren de manera convincente que la aprobación de Jalisco se otorgó a cambio de que productores de papas estadounidenses obtuvieran acceso a los mercados mexicanos. Este presunto quid pro quo pone de manifiesto que Estados Unidos tiene un margen de discreción importante en su política con respecto a las exportaciones de aguacates mexicanos. También hace que la postura de EE. UU. en relación con los aguacates sea un ejemplo incluso más flagrante en el que los intereses de la agroindustria prevalecen sobre el medioambiente, un fenómeno global que agudiza la crisis climática.

Controles inadecuados de debida diligencia, cadenas de suministro contaminadas y ecoimpostura (greenwashing) por parte de las empresas

Las empresas tienen la responsabilidad de respetar los derechos humanos y el medioambiente, como se estipula en los Principios Rectores de la ONU sobre las Empresas y los Derechos Humanos y las Líneas Directrices de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE) para Empresas Multinacionales sobre Conducta Empresarial Responsable. En el caso de las empresas que comercializan aguacates —que van desde empacadoras, exportadores e importadores hasta supermercados—, tales responsabilidades incluyen llevar a cabo controles de debida diligencia para identificar, prevenir y mitigar el menoscabo a los derechos humanos y al medioambiente en sus cadenas de suministro.

Sin embargo, Climate Rights International halló razones sólidas para concluir que empresas que son clave en las cadenas de suministro de aguacates desde México al resto del mundo no cumplen con su responsabilidad de llevar adelante controles adecuados de debida diligencia para abordar la deforestación y otros riesgos relacionados.

Mediante la consulta de mapas de huertas y registros de envíos de aguacates del gobierno mexicano, identificamos 75 huertas que contienen suelos que fueron deforestados —aparentemente de manera ilegal— y que abastecieron en 2022, junto con otros productores, al menos a una de las siguientes cinco principales empresas que exportan e importan aguacates desde México hacia Estados Unidos: Aztecavo,³⁵ Calavo,³⁶ Fresh Del Monte Produce,³⁷ Mission Produce³⁸ y West Pak Avocado.³⁹ Cada una de estas empresas se abastecía de al menos 14 de esas huertas; y todas tienen sede en EE. UU., excepto Aztecavo, que es una empresa mexicana. Los 75 ejemplos que se presentan en este informe son a título ilustrativo y no constituyen un recuento completo de las huertas que contienen suelos deforestados y que, según informes gubernamentales, abastecieron a las cinco empresas en 2022; asimismo, huertas certificadas para exportación a EE. UU. que contienen suelos deforestados ilegalmente abastecieron a muchas otras empacadoras en el año 2022, además de las cinco empresas.

Las cuatro empresas estadounidenses tienen una integración vertical, lo que significa que ellas o sus subsidiarias son propietarias de empacadoras en México, exportan al exterior y controlan las importaciones en el país receptor, antes de la distribución a cadenas de venta minorista. Según datos de la aduana mexicana recopilados por la empresa Treid, las empresas exportaron los siguientes valores de aguacates de México a Estados Unidos entre enero de 2019 y abril de 2023: USD 884,6 millones (Aztecavo); USD 505,2 millones (Calavo); USD 803,4 millones (Fresh Del Monte); USD 1.392 millones (Mission Produce) y USD 278,5 millones (West Pak).

Estas empresas —que según registros gubernamentales parecieran realmente haber adquirido en 2022 una parte de sus aguacates de huertas que presentan deforestación ilegal— a su vez han abastecido a importantes supermercados, según surge de visitas a tiendas que realizó Climate Rights International, sitios web de las empresas e información divulgada a la Comisión de Bolsa y Valores (SEC) de EE. UU. Por ejemplo, en 2023, Climate Rights International encontró aguacates con la etiqueta Calavo, producidos en México, que se vendían en Whole Foods, Trader Joe’s, Walmart y tiendas pertenecientes a Albertsons y Kroger; y una presentación ante la SEC de Calavo informa que las ventas a Kroger, Trader Joe’s y Walmart representaban aproximadamente el 15 %, el 11 % y el 10 % de las ventas netas totales en 2022.⁴⁰ El sitio web de Aztecavo informa que sus “clientes finales” incluyen a Whole Foods, Trader Joe’s, Walmart, Costco, Albertsons, Kroger y Sprouts, entre otros.⁴¹

A partir de abril de 2023, Climate Rights International envió cartas a Mission Produce, Calavo, Fresh Del Monte, West Pak y Aztecavo —y a otros cinco importantes importadores estadounidenses o neerlandeses— para solicitar información detallada sobre sus políticas y prácticas de debida diligencia orientadas a contrarrestar la deforestación y otros daños en las cadenas de suministro de aguacates procedentes de México. También enviamos cartas para solicitar tal información a 11 importantes supermercados con tiendas en Estados Unidos, Europa y otras partes del mundo: Ahold Delhaize, Albertsons, ALDI EE. UU., Amazon.com (y Whole Foods), Costco, Kroger, Lidl, Sprouts, Trader Joe’s, Target y Walmart.

De las 21 empresas, respondieron siete, y apenas dos —Walmart y Lidl— proporcionaron algo más que información limitada y estándar. Solo una —Lidl— transmitió información que sugería que cuenta con procedimientos adecuados de diligencia debida para evitar que el suministro de aguacates procedentes de México se contamine con deforestación y otros daños. Lidl manifestó que requiere que los proveedores obtengan una certificación independiente para los aguacates que provienen de México y mencionó los requisitos de certificación que exigen que las cadenas de suministro no estén afectadas por deforestación ocurrida a partir del 2014 y que los productores cumplan con las leyes sobre agua.

La mayoría de estas empresas difunden —incluso en sitios web e informes para inversionistas— códigos de conducta relativos a sus operaciones globales generales. Estos códigos de conducta generalmente establecen que los proveedores deben cumplir con ciertos requisitos ambientales y de derechos humanos —entre ellos, no violar las leyes ambientales de los países donde desarrollan actividades— y hacen referencia a la posibilidad de auditorías. Sin embargo, Climate Rights International no pudo encontrar información pública clara de estas empresas acerca de qué medidas, si acaso, han tomado en la práctica para auditar y asegurar el cumplimiento de lo establecido por esos códigos en las cadenas de suministro de aguacates de México.

La Asociación de Productores y Empacadores Exportadores de Aguacate de México (APEAM), una agrupación de la industria con sede en Michoacán que está financiada por todos los productores y empacadores que exportan a Estados Unidos, a los cuales representa, no realiza controles de diligencia debida para abordar la deforestación o el robo de agua. La APEAM indicó a Climate Rights International que no dispone de políticas o prácticas para:

evitar que los aguacates cultivados en terrenos deforestados —o que utilizan agua obtenida ilegalmente— ingresen en las cadenas de suministro a Estados Unidos;
asegurarse de que las huertas de los productores a los que representa no contengan terrenos que hayan sido deforestados o usen agua obtenida ilegalmente;
asegurarse de que las empacadoras a las que representa no sean abastecidas por huertas que contienen terrenos que hayan sido deforestados o utilicen agua obtenida ilegalmente.⁴²

La deforestación ilegal extendida en huertas que han sido certificadas para la exportación a EE. UU. y la presunta contaminación de las cadenas de suministro de empresas clave como Calavo y Mission Produce en 2022 —sumado a la falta evidente de controles de debida diligencia por parte de importadores, exportadores y supermercados, y la ausencia de controles de debida diligencia que admitió la APEAM— generan una probabilidad elevada de que una parte de los aguacates de México que se venden en los supermercados hayan sido cultivados en tierras deforestadas ilegalmente.

La industria aguacatera ha expresado numerosas afirmaciones falsas y engañosas sobre sostenibilidad, y al mismo tiempo no ha llevado a cabo controles de debida diligencia que les darían a los consumidores la seguridad de que los aguacates que compran no generan daños al medioambiente ni a los derechos humanos. Por ejemplo:

Con ocasión del Día de la Tierra en 2022, Avocados From Mexico — la agencia de marketing estadounidense parcialmente financiada y administrada por APEAM, y que está detrás de varios anuncios recientes efectuados en el Super Bowl— emitió un comunicado de prensa en el que afirmó que los “aguacates son uno de los alimentos más sostenibles del mercado.”⁴³
En el sitio web de APEAM se indica: “En el núcleo de la industria mexicana del aguacate hay un ciclo de sostenibilidad.”⁴⁴
El sitio web de Calavo afirma: “La sostenibilidad integra todos nuestros procesos de toma de decisiones, tanto en nuestras operaciones de empaque, distribución y fabricación como en el caso de cada uno de nuestros productores y proveedores de los que nos abastecemos.”⁴⁵
El sitio web de West Pak afirma: “Nuestra misión[:] Llevar aguacates deliciosos, saludables, sostenibles y obtenidos de manera responsable a consumidores de todo el mundo.”⁴⁶
El sitio web de Mission Produce afirma: “Del campo a la mesa, nuestros aguacates se cultivan y distribuyen empleando prácticas sostenibles para minimizar el impacto de nuestros aguacates en el planeta.”⁴⁷

Principales recomendaciones

México, Estados Unidos, la Unión Europea y otros países que producen, exportan y/o importan aguacates deberían adoptar leyes y reglamentaciones para impedir que ingresen a los mercados aguacates cuya producción esté afectada por violaciones graves de estándares ambientales o de derechos humanos.

Estas leyes y reglamentaciones deberían exigir que las empresas lleven a cabo controles de diligencia debida transparentes para asegurarse de no estar abasteciéndose de aguacates que procedan de huertas en las que haya terrenos deforestados recientemente. También se debería exigir a las empresas que identifiquen, prevengan y mitiguen otros daños ambientales y violaciones de derechos humanos en sus cadenas de suministro.

Se debería exigir a las empresas que brinden o cooperen en la provisión de medidas de reparación efectivas para las personas y las comunidades afectadas cuando hayan causado deforestación o violaciones de derechos humanos, o hayan contribuido a ellas. La reparación debe incluir que se destine financiamiento a los esfuerzos de las comunidades afectadas para conservar los bosques y restaurar los ecosistemas dañados, así como compensación por violaciones de derechos humanos.

Se debe exigir a las empresas que establezcan mecanismos para recibir, investigar y abordar denuncias sobre abusos como actos de violencia o intimidación contra residentes, sobre el acaparamiento o el uso de agua sin la concesión correspondiente.

Las empresas que forman parte de cadenas globales de suministro de aguacates deberían adoptar de forma voluntaria la totalidad de las políticas de diligencia debida y reparación que se mencionaron precedentemente, incluso cuando no haya leyes ni reglamentaciones que lo requieran.

El año límite para determinar qué constituyen terrenos “recientemente” deforestados, lo cual podría implicar que se excluya la posibilidad de realizar compras y mantener relaciones comerciales con esos productores, debería establecerse en consulta con los actores interesados pertinentes, incluida la sociedad civil y las comunidades afectadas. Una posible fecha límite sería el año 2014, cuando México, Estados Unidos y muchos otros países firmaron la Declaración de Nueva York sobre los Bosques, en la cual se comprometieron a poner fin a la pérdida de bosques naturales. Las autoridades de Michoacán han considerado establecer como límite el año 2014 para un posible programa de certificación voluntaria. Otra posibilidad relacionada con los mercados de América del Norte sería el año 2020, cuando entraron en vigor las disposiciones del Tratado entre Estados Unidos, México y Canadá que exigen a las partes el cumplimiento efectivo de las leyes ambientales. Para la Unión Europea, la fecha límite también podría ser el año 2020, de conformidad con el Reglamento sobre Deforestación de la UE, que se aplica a la deforestación ocurrida después del 31 de diciembre de 2020. (El reglamento no contempla actualmente a los aguacates, pero deberían añadirse tan pronto como resulte posible).

Las autoridades de regulación y las empresas deben tomar en cuenta los mapas y las imágenes satelitales de huertas disponibles para verificar que no haya deforestación reciente.

Al final del presente informe se presenta una serie completa de recomendaciones. Entre las principales recomendaciones específicas se incluyen las siguientes:

El Gobierno de México debería:

Implementar de manera efectiva las leyes vigentes que prohíben la deforestación ilegal y el uso de agua sin la concesión necesaria.
Prohibir el registro de las huertas de aguacates para la producción con fines de exportación o para mercados internos si contienen terrenos deforestados recientemente.
Adoptar medidas proactivas para proteger eficazmente los derechos humanos de los pueblos indígenas y otras comunidades afectadas, defensores ambientales y de derechos humanos, periodistas y otras partes, entre otras cosas, asegurando el acceso a la justicia y la rendición de cuentas para las víctimas de amenazas y violencia.

El Gobierno de Estados Unidos debería:

Excluir de la certificación para la exportación a Estados Unidos a las huertas de aguacates en las que haya terrenos deforestados recientemente.
Exigir que las empacadoras certificadas y otros actores en las cadenas de suministro lleven a cabo controles de diligencia debida para asegurar que no compren aguacates de esas huertas en México ni en ningún otro país que produzca aguacates.

Las empresas empacadoras, exportadoras e importadoras de aguacates y la APEAM deberían:

Establecer e implementar, con controles de diligencia debida, una política rigurosa y transparente contra la compra, exportación o importación de aguacates procedentes de huertas que contengan terrenos recientemente deforestados o que utilicen agua sin contar con las concesiones necesarias.
Aprovechar su capacidad de compra para desalentar la deforestación continua y el uso de agua sin las concesiones necesarias en la producción de aguacate.

Los supermercados deberían:

Establecer e implementar, con controles de diligencia debida, una política rigurosa y transparente contra la venta de aguacates procedentes de huertas que contengan terrenos recientemente deforestados o que utilicen agua sin contar con las concesiones necesarias.
Abastecerse únicamente de aguacates y otros productos básicos (commodities) agrícolas con riesgo de deforestación a través de proveedores que hayan adoptado políticas de diligencia debida adecuadas para asegurarse de que los productos no se hayan cultivado en terrenos recientemente deforestados o utilizando agua sin haber obtenido las concesiones necesarias.
Aprovechar su capacidad de compra para desalentar la deforestación continua y el uso de agua sin las concesiones necesarias en la producción de aguacate.